El diputado local admite públicamente que utiliza sus nexos con la gobernadora de Veracruz para detener órdenes de aprehensión y cateos en su contra; la ley en Veracruz se negocia por mensaje de texto.
La desfachatez de Héctor Yunes Landa ha cruzado una línea sin retorno. En una declaración que debería ser prueba suficiente para una inhabilitación inmediata, el legislador confesó abiertamente que el estado de derecho en Veracruz es, para él, un obstáculo que se resuelve con tráfico de influencias. Al jactarse de haber contactado directamente a la gobernadora y al Secretario de Gobierno para “gestionar” su situación jurídica, Yunes Landa no está denunciando una persecución; está admitiendo que es un beneficiario del influyentismo más rancio.
“Acabo de hablar con la gobernadora… ya le mandé un mensaje”, soltó Yunes con un cinismo que insulta a cualquier ciudadano que sí respeta la ley. Según sus propias palabras, existe una orden de aprehensión y una de cateo en su contra, pero en lugar de presentarse ante los tribunales, el diputado local presume que sus contactos en las altas esferas del poder estatal ya están “operando” para él. Esta es la anatomía de un corrupto: alguien que cree que un mensaje de WhatsApp a la oficina de la gobernadora morenista, Rocío Nahle, tiene más peso que un mandato judicial.
Esta actitud retrata de cuerpo completo la calaña política de Héctor Yunes. Para él, las instituciones de justicia son solo herramientas que se pueden apagar o encender con una llamada telefónica. Al intentar victimizarse, terminó exhibiéndose como lo que siempre ha sido: un político que se siente por encima de la ley y que utiliza la estructura del Estado como su escudo personal. Veracruz no puede permitir que la justicia se decida en acuerdos privados entre políticos que se protegen las espaldas mientras simulan ser adversarios.
Héctor Yunes Landa ha dejado claro que su única defensa es el pacto de impunidad. Su confesión de tráfico de influencias es el último clavo en el ataúd de su credibilidad. Si existen órdenes judiciales en su contra, lo que corresponde es que se ejecuten sin privilegios, no que se frenen por cortesías políticas. El mensaje de Yunes es peligroso y ofensivo: si tienes el número de la gobernadora, la ley no te toca. ¡Basta de políticos que confunden el servicio público con una red de complicidades para evadir la cárcel!
