Se les acabó el negocio: la red de corrupción en Vía Pública respaldada por la ex alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, queda al descubierto

Azcapotzalco fue escenario de un bloqueo vial que desató indignación entre los ciudadanos. Ayer, Gerson Contreras y el ex Jefe de Unidad Departamental (JUD) de Vía Pública, Jesús Bernal, encabezaron la protesta en una de las principales avenidas de la alcaldía. Pero lejos de representar una lucha legítima por derechos o justicia, el trasfondo de este bloqueo revela una historia de corrupción y abuso de poder que ha perdurado durante años, con la complicidad de altos funcionarios.

¿Quiénes son Gerson Contreras y Jesús Bernal?

Detrás de esta movilización no hay comerciantes en busca de soluciones, ni vecinos preocupados por su comunidad. Se trata de una red familiar que ha operado en la ilegalidad, apropiándose de más de 20 puestos en vía pública a través de prácticas irregulares. Según denuncias ciudadanas, estos espacios fueron arrebatados a comerciantes fallecidos o despojados por la fuerza, consolidando así un monopolio ilícito sobre el comercio en la zona.

Jesús Bernal, quien ocupó el cargo de JUD de Vía Pública, jugó un papel clave en la expansión de esta red de corrupción. Desde su puesto, facilitó concesiones irregulares y protegió a grupos afines, garantizando que los espacios comerciales quedaran en manos de personas cercanas a su círculo. En tanto, Gerson Contreras ha sido señalado como uno de los principales beneficiarios de este esquema, operando bajo el amparo de influencias políticas.

El respaldo político: Margarita Saldaña y Alejandro Méndez

Las irregularidades en Vía Pública no habrían sido posibles sin la protección de altos funcionarios. Según denuncias, Margarita Saldaña, exalcaldesa de Azcapotzalco, y Alejandro Méndez, funcionario de su administración, permitieron que la familia Contreras-Bernal se enriqueciera a costa del espacio público y de los verdaderos comerciantes.

Saldaña, quien buscaba la reelección con el Partido Acción Nacional (PAN), vio frustradas sus aspiraciones en las urnas, pues la ciudadanía optó por un cambio de rumbo con la llegada de Nancy Núñez, de Morena, como la nueva alcaldesa. Este cambio de administración representa una oportunidad para desmantelar las redes de corrupción que por años operaron con impunidad en la demarcación.

El derrumbe de una red de impunidad

Con el creciente escrutinio sobre los actos de corrupción en la alcaldía, la estructura de poder que protegía a este grupo comienza a desmoronarse. Ante la pérdida de privilegios, su respuesta ha sido recurrir al chantaje y la presión política, bloqueando calles y afectando a la ciudadanía para defender sus intereses.

El bloqueo de ayer es una muestra clara de su desesperación. Incapaces de sostener sus negocios ilícitos bajo el amparo gubernamental, ahora intentan generar caos y victimizarse ante la opinión pública.

No son comerciantes, son operadores políticos

El trasfondo de este conflicto deja en evidencia que no estamos ante una legítima lucha de comerciantes, sino ante una maniobra de operadores políticos vinculados al PAN, quienes buscan seguir lucrando con los espacios públicos y manteniendo un control arbitrario sobre el comercio en Azcapotzalco.

Lejos de representar los intereses de los vecinos o de los trabajadores del comercio ambulante, este grupo ha sido un obstáculo para el desarrollo económico justo y equitativo en la alcaldía.

Un llamado a la ciudadanía

Es momento de que los habitantes de Azcapotzalco no se dejen engañar por falsas narrativas. La verdadera lucha no está en defender privilegios ilegítimos, sino en recuperar la vía pública para quienes realmente la necesitan y en garantizar que la alcaldía no siga siendo un botín político.

Con la nueva administración en marcha, las investigaciones sobre estas prácticas deben continuar y es responsabilidad de las autoridades garantizar que la corrupción no siga siendo la norma en Azcapotzalco.